Instan a pensionados en Portugal a gestionar Fe de Vida

Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos Residentes en Portugal pide a sus agremiados actualizar el certificado para retomar los reclamos por la suspensión de sus pagos

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Julio Materano

Cuatro años después de la suspensión de las pensiones en el extranjero, Fernanda Díaz, portavoz de la Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos Residentes en Portugal, no da por concluidos los reclamos al Estado venezolano. La representante de los criollos en edad de retiro insiste en la necesidad de retomar la lucha por un derecho que, a su juicio, le fue malogrado a quienes fueron, por muchos años, el bono demográfico de Venezuela. Aquella población activa que abonó todo su trabajo, esfuerzo y confianza en un país que juró brindarles seguridad social y que hoy está muy lejos de honrar su palabra tras la cancelación de sus pensiones en enero de 2016.

Aunque fuera de Venezuela, donde la falta de medicamentos, el encarecimiento de los fármacos y el colapso del sistema de salud hace estragos en la población adulta, Díaz advierte que los pensionados en el extranjero no escapan de los aprietos económicos de cualquier país. Algunos incluso enfrentan problemas de habitación, tienen dificultades para cubrir su dieta básica y viven en viviendas de tipo social, hogares subsidiados por el Estado, que son, de cierta manera, un alivio para los ancianos cuyos ingresos están por debajo de la media de Portugal que se ubica en 615 euros por mes.

Díaz formula un llamado a la comunidad venezolana residenciada en el Continente portugués para que tramite cuanto antes la Fe de Vida, el documento que acredita que siguen con vida y que es de utilidad para exigir se reanude el derecho a una pensión digna. «Hay muchas personas desanimadas porque sienten que el Gobierno no dará respuesta, pero yo insisto en que debemos seguir el reclamo hasta lograr nuestro objetivo: que nos paguen de manera justa». Pero la gestión tiene una traba en contra para quienes viven en el norte de Portugal, el cierre del Consulado de Venezuela en Porto, donde se estima hay unos 300 pensionados, por lo que los interesados deberán hacer las gestiones en el Consulado General de Lisboa.

«Afortunadamente no es mi caso. Pero hay personas que dependen de otros para comer, movilizarse y vivir», se lamenta la activista social. Con la congelación de los pagos, denuncian los afectados, el Estado venezolano dejó de garantizar un derecho suscrito en la Gaceta 4.340, que entró en vigencia en 1993 y fue ratificada en 2012 por el Ejecutivo. El instrumento legal, con rango de ley, arropa a los connacionales residenciados en España, Portugal, Uruguay, Chile, Ecuador e Italia.

Para optar a la pensión completa un ciudadano venezolano debe acumular 750 cotizaciones, el equivalente a 15 años de trabajo y tener 55 años en caso de ser mujer y 60 en caso de ser hombre, requisitos que los jubilados residenciados en Portugal cumplen. A propósito de ello, los afectos aseguran que el acuerdo fue consumado, sin mayores contratiempos, hasta diciembre de 2015, momento desde el cual el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cortó los recursos a los venezolanos radicados en esa seis naciones. Actualmente se estima que la deuda asciende a 48 meses de pensiones y alrededor de 12 de aguinaldos. Sin embargo, no se tiene una versión oficial sobre las cuestas que esgrimen quienes reclaman al gobierno de Nicolás Maduro.

La medida, sostienen los involucrados, fue tomada sin previo aviso y dejó a más de 13.000 pensionados huérfanos en el extranjero, algunos con enfermedades crónicas y sin acceso a la seguridad social. Pero las cifras extraoficiales rinden cuenta sobre una situación aún más drástica. Hoy se estima que más de 17.000 connacionales dejaron de percibir sus pagos fronteras afueras.

De acuerdo la Asociación de Pensionados y Jubilados en Portugal, que suma medio centenar de activistas, solo en esa nación ibérica existen por lo menos 1.000 adultos afectados por la suspensión de los pagos, en su mayoría con edades que oscilan entre los 66 y los 80 años. Y debido a esta interrupción, quienes retornan ahora a Portugal  ni siquiera pueden concretar las gestiones para pedir el traslado de este derecho. Lo que los deja en peores condiciones.

Con una tasa de dólar preferencial, que se mantuvo congelado a 6,30 para las operaciones especiales, entre ellas el pago de pensiones en el extranjero, en Portugal los abuelos llegaron a cobrar hasta 2.000 dólares versus 6 o 12 dólares percibidos por los pensionados residenciados en Venezuela, quienes están condenados a adquirir los bienes de consumo a dólar paralelo. El desfase, favorecido por la hiperinflación que obligó a incrementar los sueldos de manera desenfrenada, creó el caldo de cultivo que hoy viven los adultos en el extranjero.

El conflicto truena en Europa. En particular en los países que muchas décadas atrás habían enviado más migrantes a Venezuela, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial: Italia, España y Portugal. Para quienes no descontaron seguridad social para una reforma, el Estado de Portugal solo ofrece el acceso a una pensión social de vejez por 228 euros, que, si bien es cierto, no remedia el ahogo económico, aplaca el agobio a quienes llegan sin ahorros. El subsidio equivale a un poco más de un tercio del salario mínimo, que en Portugal se ubica en 600 euros, un monto que representa la mitad de lo que perciben mensualmente los franceses y alemanes. Pero la mayoría de las solicitudes son denegadas.

La alternativa

En el caso de quienes arriban a Portugal, la pensión social de vejez —un beneficio distinto a la reforma por jubilación— al que todos los ciudadanos portugueses tienen acceso, se perfila como una ayuda económica atractiva e inicia con gestiones en por lo menos seis instituciones, para cumplir con los requisitos exigidos por el Instituto de Seguridad Social donde se consignan los documentos al final del camino.

La pensión social de vejez es un apoyo en euros que se otorga mensualmente a quienes no reciben protección obligatoria, no descontaron seguridad social o no suman las cotizaciones suficientes para una reforma, explica el Instituto de Seguridad Social en su reglamento. Según la normatuva vigente, solo tienen acceso a este beneficio los adultos mayores de 66 años, cuyos ingresos no superan los 174,30 euros por mes. Según el protocolo oficial para la asignación de este subsidio, se debe esperar un lapso máximo de 90 días hasta obtener respuesta. Sin embargo, debido al aumento de las solicitudes y el recorte del gasto público, actualmente el Estado demora un año o más para responder a la solicitud.

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