La larga espera para obtener un apoyo habitacional en Madeira

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Delia Meneses

Julio Materano

Para los emigrantes y lusodescendientes que retornan a la isla de Madeira, el acceso a una vivienda propia cobra el aspecto de una hazaña familiar. Y no precisamente por el encarecimiento de los inmuebles que, de hecho, se ubican entre los más caros de Portugal,—después de los localizados en el centro de Lisboa y en Algarve— sino por la inestabilidad del mercado laboral, la caída del poder adquisitivo y los bajos salarios que frustran cualquier pretensión de crédito.

Richard Oliveira, un padre de familia retornado de Venezuela, es testigo y prueba de las carencias que surcan las familias que llegan al archipiélago. Con tres hijos, una esposa y una necesidad apremiante de estabilidad, cuenta que recurrió al Instituto de Habitación y de Rehabilitación Urbana para solicitar un apoyo que le permitiese mudarse del ático que le facilitaron unos familiares para que viviera temporalmente.

«En nuestro caso, el proceso  para obtener el subsidio demoró tres años. Al inicio te dan un número de proceso que se mantiene durante todas las gestiones», agrega. Con cinco años en Madeira, la familia Oliveira es el testimonio vigente de quienes trabajan arduamente para procurarse cierto bienestar en la isla.

En Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), la lista de espera es larga, lo que evidencia las enormes dificultades que enfrentan los madeirenses, cuyos ingresos muchas veces se ciñen a un salario mínimo, para acceder a una propiedad. Según cifras aportadas por Bruno Pereira, presidente del organismo, hasta finales de julio existía un registro de 4.846 candidaturas activas para apoyos habitacionales de residentes en todos los municipios de la región, de las cuales 14%, o sea, alrededor de 700 son de familias que regresaron a la isla provenientes de Venezuela.

Para Pereira es un número significativo y prevé siga aumentando a raíz del desempleo motivado por la pandemia del Covid-19. La respuesta del Gobierno de la República, en el corto plazo, será atribuir unas 70 viviendas que está terminando en la freguesia de Agua de Pena, en Machico. Para 2021, el IHM contempla abrir un nuevo ciclo de inversiones con más recursos asignados para la construcción y adquisición de apartamentos.

«Tuve que atravesar un largo camino hasta lograr el apoyo del gobierno regional, que en realidad nos facilitó un subsidio de alquiler para ocupar una vivienda de interés social. Lo que tengo es un contrato de arrendamiento por cinco años, que el Estado me ayuda a pagar y no una vivienda propia como creen algunos erróneamente», explica Oliveira.

Aun cuando las personas interesadas desconocen los criterios usados para la adjudicación del subsidio, se sabe que el Estado pondera los ingresos familiares a través de un estudio socioeconómico que va precedido por una espesa maraña de requisitos burocráticos que allanan el camino a una vivienda temporal.

La familia Oliveira cuenta que cuando recibieron las llaves de manos del Estado, hace alrededor de un año, pudieron conocer los dramas de otros coterráneos que llegaron a Portugal para asegurarse un tratamiento oncológico, para traer a su hijo al mundo en lugar seguro o para huir de la delincuencia organizada.

«Conocí el caso de una vecina embarazada que vivía en condiciones deplorables en la isla. El piso de su casa se había hundido, y debió poner alfombras para que su otro pequeño no se cayera», cuenta Patricia Fuenmayor, esposa de Richard Oliveira.

Fuenmayor precisa que a finales de 2019 se entregaron 33 viviendas de interés social en el complejo habitacional de la Mesquita, en el sector Agua de Pena, en Machico y que la mayor parte de los beneficiados eran portugueses llegados de Venezuela. En ese conjunto que data de al menos 14 años, solo cuatro familias conformadas por madeirenses nativos son propietarios, dice la madre de familia de 46 años de edad.

«Tenemos un contrato de alquiler por cinco años, no nos están regalando ni vendiendo nada. Es un alquiler subsidiado», explica. De momento, hay quienes coquetean con la idea de acceder a un mecanismo de compra que les facilite el pago de las viviendas. Pero a juzgar por las reglas bajo las que ocuparon el inmueble eso no acontecerá.

Proceso lento

Jessica Cova es venezolana y llegó a Madeira hace un año y ocho meses con su esposo, sus cuatro hijos de 3, 7, 9 y 17 años y su suegra. Viven en el apartamento de un familiar pero deben pagar un alquiler.

«Cuando llegamos aquí desconocíamos que existía ese programa de apoyos habitacionales. Luego, una amiga nos dijo y empezamos el trámite. El 7 de julio de 2020 fui a la Cámara Municipal de Funchal, ese día me programaron una reunión para el 22 de septiembre. Allí explicamos nuestra situación y dijeron que nos iban a llamar para visitar nuestro actual domicilio, pero eso no ha ocurrido».  Cova atribuye el retraso a la nueva dinámica ocasionada por la pandemia.

Mientras tanto hacen maromas para distribuir el sueldo de su esposo (que está empleado en una fábrica de embutidos) entre el pago del alquiler, los servicios y la alimentación. «Actualmente mi esposo es el único que está trabajando, yo no he conseguido».  Sin embargo, las labores de la casa y ayudar a sus cuatro hijos con los deberes escolares le ocupan prácticamente todo el tiempo. Su rutina diaria comienza a las 5 de la mañana.

«Emigramos para darle a nuestros hijos una mejor calidad de vida. No sabemos cuándo Venezuela va a cambiar, pero eso no se vislumbra en el corto y mediano plazo, por eso necesitamos un apoyo para lograr cierta estabilidad», confiesa Cova. Sabe que hay muchas familias que están en lista de espera pero confía que la ayuda llegará.

Precios elevados

Son pocas las familias retornadas que tienen la capacidad de adquirir una propiedad. El mercado, según advierten operadores inmobiliarios, está dominado en gran medida por extranjeros. En muchos casos la diáspora venezolana viene al rescate de una herencia, comparte la casa con algún familiar o alquila algún inmueble pequeño, generalmente los llamados T2, apartamentos de dos habitaciones cuyos precios van desde 500 a 1.200 euros

En Madeira el valor por metro cuadrado de vivienda se sitúa por el orden de los 1.125 euros, según cifras de la Dirección Regional de Estadística correspondientes al primer semestre de 2020. En septiembre una casa en la región autónoma podía costar hasta 315.775 euros. La isla es aún la tercera región de Portugal con el costo más elevado en lo que respecta al valor de inmuebles, después de Algarve y el centro de Lisboa.

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