Trasplantados de Venezuela, marcharse o morir

Trasplantados de Venezuela, marcharse o morir

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Julio Materano

La procura y trasplante de órganos se agrieta e inscribe un capítulo inédito en Venezuela.La crisis sanitaria se ensaña contra los pacientes renales, los de mayor entereza dentro de un grupo que cierne sus esperanzas de vida sobre una donación de cadáver o de vivo. Es el punto de no retorno de un sistema de salud que languidece e improvisa maniobras con desmayo.

La contingencia ocurre en un país donde, hasta el año pasado, más de 15 mil personas estaban sometidas a tratamientos de diálisis, de las cuales 7.500 podrían optar por un riñón, según Codevida. Las causas del problema son complejas y se requieren políticas macros que ayuden a catalizar una solución esta tragedia humanitaria que ha cobrado la vida de al menos cinco niños en el hospital J.M. de los Ríos, el mayor centro pediátrico del país.

Con una tasa de cero intervenciones por cada millón de habitantes, la procura de órganos de cadáver flaquea. Es nula. La especialidad desnuda los estragos de una emergencia humanitaria que desarticula los servicios de cabecera para pacientes crónicos: personas con cáncer, insuficiencia renal, hepática u otras patologías.

La crisis embiste al Hospital J.M. de los Ríos en San Bernardino. El centro pediátrico, de referencia nacional, patalea en terreno fangoso. En esa institución el drama de la atención sanitaria tiene rostro de niño, y en algunos casos, ocasiona efectos letales.

 Desde allí el futuro del país parece ahogarse en el insondable mar de la emergencia. En 2016 el hospital J.M. de los Ríos logró realizar cinco trasplantes, uno menos que en el período anterior cuando se practicaron seis injertos de riñón, de acuerdo con el servicio de Nefrología. En realidad fue la última ocasión en la que la institución logró su cometido. Sin tomar en cuenta el intento fallido en abril de 2017.

Ese año la unidad pediátrica solo pudo rendir cuentas sobre los frutos de la crisis: más de 7 infantes, cuyos padres anhelaban un órgano para sus hijos, murieron por complicaciones asociadas a la Klebsiella, una pseudomona que se alojó en los equipos de diálisis por el agua contaminada. Desde hace más de cinco años en el J.M. falla el agua purificada para la práctica de hemodiálisis y los antibióticos para tratar las infecciones.

El centro pediátrico, que fue referencia internacional, se aparta de su propósito. Las posibilidades de acceder a un riñón son exiguas para los 23 niños con insuficiencia renal crónica que allí tienen cupos.

Francisco Valencia, presidente de Codevida, la coalición de salud que reune a decenas de organizaciones no gubernamentales en el país, señala que en todo el territorio existen alrededor de 3.500 trasplantados, cuya única opción para mantenerse con vida es emigrar. Sin embargo, la emergencia humanitaria gana terreno. Nunca antes se había registrado la ausencia de inmunosupresores de manera absoluta y prolongada.

A juzgar por el vértigo de los enfermos con riñones impedidos, la medida de paralización que  la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células  que se oficializó en junio de 2017, también echó por borda las terapias de diálisis peritonial, un tratamiento doméstico de alto costo, encarna una sentencia irrevocable de muerte. La terapia peritoneal de la cual dependíam unos 1.200 venezolanos, según Codevida, flaquea. Escasean las soluciones glucosadas. Y los afectados ni siquiera pueden adherirse al programa de hemodiálisis por la estrechez de cupos en los hospitales.

Especialistas reiteran que urge el abastecimiento de inmunosupresores, un tipo de fármaco recetado para evitar el rechazo de los injertos que tiene un costo de hasta 1.200 dólares, y que es la causa principal de problema.

El retroceso en la procura va en escalada. Hace 10 años el Hospital de Niños realizaba entre 10 y 20 trasplantes por año. Belén Arteaga precisa que la actividad no depende de la institución, en realidad está ceñida a la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene). Se trata de un ente governamental oficializado en 2014 por el Estado, a través de la Gaceta 40.410, que arrebató a la ONTV la administración de órganos.

Bajo el regazo del Ministerio de Salud, Fundavene no surgía como una entidad accidental, era el órgano que ejecutaría y haría cumplir la Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, un instrumento legal que salió al ruedo legislativo en 2011 y que se vislumbraba como una respuesta a los problemas estructurales que obstaculizaban el incremento de los trasplantes: la falta de procuradores, expertos en trasplantes y de donantes.

Pero ello nunca ocurrió. De acuerdo con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, responsable de la actividad de procura durante 17 años, en 2012, el mejor de su gestión, la tasa de donantes efectivos en el país era de 4,52 por millón de habitantes, siendo 7 el promedio de la región. Y en 2013 fue de 3,5.

La cifra se desplomó desde que el Gobierno les quitó las competencias en 2014. Con 54 procuras y el Estado al frente de la actividad, ese año la relación de donantes fue de 1,77 por cada millón de habitantes. Mientras que 2015 cerró con 1,73 órganos. De 2016 no se tienen cifras, al igual que del año pasado.

Hoy existe un drama común que cobra terreno en los trasplantados. La ausencia de inmunosupresores compromete la estabilidad de los pacientes estables. En muchos casos, advierte la Sociedad Venezolana de Nefrología, los enfermos rechazan el órgano y deben retornar a las unidades de hemodiálisis. Se trata de un despropósito que escurría sus primeros escollos en diciembre de 2016, pero que se profundizó el año pasado.

La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela reitera que la existencia de prednisona, micofenolato, tacrolimus y everolimus pone en peligro la sobrevida del órgano. Ambas organizaciones piden al Ejecutivo que declare la emergencia del sistema nacional de salud para activar la cooperación internacional.

El desabastecimiento de reactivos para medir los niveles de inmunosupresores en la sangre también ha dificultado el control de los enfermos. Más de seis años después de la promulgación de la Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, un instrumento legal enarbolado por el exministro de salud Henry Ventura, el Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela, el único capacitado para procesar pruebas de compatibilidad en Caracas, no dispone de placas para hacer las pruebas.

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