Cuidados a pacientes terminales flaquean en el sistema de salud portugués

Julio Materano

Para la diputada Ana Cristina Monteiro, la número dos del CDS en el Parlamento Regional de Madeira, es inhumano pensar que la solución al sufrimiento —causado por enfermedades graves— estribe en la muerte. La parlamentaria oriunda de Venezuela pone el foco del debate sobre la protección de la vida y, más aún, sobre los mecanismos del Estado portugués para garantizar los cuidados paliativos a los pacientes terminales, cuyos familiares esperan, en la mayoría de los casos, mejor atención del sistema sanitario.

Monteiro esgrime argumentos jurídicos de peso para salvaguardar lo inalienable: la dignidad humana. La propia «Ley sobre los derechos de las personas en un contexto de enfermedad avanzada», explica la parlamentaria, consagra el derecho a recibir sedación paliativa con el propósito de disminuir el dolor. El instrumento jurídico, que data de 2018, permite a las personas con dolencias graves, en fase avanzada e incurable, el acceso a cuidados paliativos en unidades hospitalarias o en domicilios.

Es tal vez el punto más neurálgico de un debate en el que, aseguran algunos, el estado coquetea con implementar una solución práctica y económicamente favorable frente a los problemas sanitarios que ponen al sistema de atención portugués al filo del despeñadero. No porque no existan consultas preventivas sino porque, a juzgar por las denuncias, el sistema de salud carece del servicio más importante: la capacidad de brindar cuidados paliativos permanente a los pacientes con pronósticos de vida que van entre 6 y 12 meses, como lo tipifica la ley.

«La ley garantiza que las personas con patologías avanzadas, y en etapa terminal, tengan derecho a recusar el soporte artificial de las funciones vitales, además de rechazar la administración de tratamientos no proporcionales ni adecuados a su estado clínico», sostiene Monteiro. En la práctica, especifica la también abogado, los pacientes pueden negarse a recibir cualquier clase de fármacos que no apunten exclusivamente a la mitigación del sufrimiento y a la manutención de su confort; o que prolongue o agrave su situación.

En un contexto en el que muchos enfermos y sus familiares hacen de todo para evadir el dolor crónico, el Estado flaquea en la atención sanitaria personalizada, denuncia Monteiro. En muchos casos sucede que los cuidados paliativos son reservados a una pequeña parte de la población, 15% para ser exactos, o llegan a destiempo, cuando los hogares sollozan el dolor y el abandono del servicio sanitario.

«Entre los motivos más comunes que llevan a los enfermos terminales a pedir su muerte anticipada o el suicidio asistido está el dolor intenso, insuperable, y la disminución permanente de la calidad de vida. Me pregunto si el propósito con la eutanasia será proporcional al fin que pretende alcanzar el propio enferma ¿Estará una persona diagnosticada con una enfermedad terminal lo suficientemente capacitada, para tomar de forma libre, inequívoca e irreversible, una decisión sobre su propia vida o muerte? ¿ O más bien estará en ese estado de debilidad, coaccionada por el dolor, el abandono, la soledad y la tristeza? ¿Será que pretende acabar con el sufrimiento y no con su vida?».

A propósito de los proyectos de ley presentados por partidos de izquierda en la Asamblea de la República, se sabe que buena parte del gremio médico, de enfermería y del Consejo Nacional  de Ética y Deontología Médica repudiaron las propuestas de eutanasia encabezada izada también por el Partido Socialista. También la Conferencia Episcopal Portuguesa, como era de esperarse, formuló un pronunciamiento a favor de la vida, la dignidad humana y en apoyo de la realización de un referendo, previo a la discusión del tema.

«No es posible que una decisión tan trascendente en la vida de las personas como es la muerte médicamente asistida sea decidida en plenaria, en una tarde, entre las diversas fuerzas políticas, sin convocar un referendo previo a su discusión. Esta debe ser una decisión en conciencia individual», advirtió Monteiro en una intervención realizada en el Parlamento Regional de Madeira.