Jair De Freitas: “Repartidores no cuenta con el debido respaldo de las empresas”

Oscar Sayago

Desde el inicio de la pandemia en el 2020, se ha vuelto cotidiano ver motorizados transitando las autopistas principales, identificados por mochilas de diversas compañías de delivery: Ubii Go, Yummy y Yolopido, son algunas de las empresas más populares para los usuarios en Venezuela.

La entrega del pedido en la puerta de tu casa se presentó como una alternativa viable para los restaurantes, locales de comida y, con el tiempo, para la gran mayoría de negocios en el país.

Sin embargo, con el transcurso de los meses y debido a la flexibilización en Venezuela, trabajadores de este rubro no cuentan con muchos beneficios laborales y se mantienen con un sueldo base. El abogado, especialista en Derecho Laboral y profesor de la UCAB, Jair De Freitas, brinda un acercamiento sobre este tema.

“Debido a los bajos salarios del venezolano el delivery o el servicio de encomiendas por particulares se ha convertido en una alternativa para generar ingresos sustanciales en medio de la pandemia. No obstante, estamos hablando de una actividad que está envuelta en la informalidad; es decir, que se orienta a personas que no tienen un esquema de relación laboral formalmente reconocido y; por lo tanto, prestan sus servicios fuera del manto protector del Derecho del Trabajo”, expresó De Freitas.

A su vez, el lusodescendiente explicó que la “masificación” de esta actividad ha derivado en el surgimiento de empresas que se dedican expresamente a hacer servicios de entregas, mientras que en algunos casos se da una especie de subcontratación.

Debido a esto, el delivery se ha convertido en un trabajo popular entre los más jóvenes de Venezuela. Se estima que un repartidor puede cobrar un sueldo aproximado de 400 a 600 dólares mensuales, siendo esta la causa principal por la cual muchas personas se están incorporando a este tipo de actividades. No obstante, todo trabajo viene con riesgos, y los repartidores de grandes compañías se están viendo afectados por la falta de apoyo de las empresas.

“Esta actividad tiene distintos niveles de riesgos y responsabilidades. Estas personas prestan un servicio sin ningún tipo de amparo por parte del derecho al trabajo y en el caso que ocurra un accidente o se desarrolle algún tipo de enfermedad, no tienen cómo resguardarse de lo que pueda suceder”.

Debido al panorama que viven los trabajadores del delivery, De Freitas propone que debe existir un contrato especial, donde el empleador proporcione las herramientas de trabajo para que las personas puedan cumplir sus funciones. Además de esto, asegura que los mismos empleadores tienen que responsabilizarse en el caso de un accidente laboral, enfermedad ocupacional y los beneficios impuestos por ley.