Julio Materano
En un intento por dar un alto a la confusión y tal vez por afianzar un decreto que de por sí es ley, el pasado 14 de febrero, fue publicada la «Portaria» 43/2020, un reglamento de carácter general —promulgado por la Dirección General de Enseñanza Superior— que aclara algunos aspectos de cómo debe aplicarse el Decreto 66/2018, la controvertida norma que aún no ha podido ser lo que el gobierno visualizó.
A un año de la entrada en vigencia de aquella ley, con la que el legislativo portugués pretende abrir el camino a sus connacionales formados en el extranjero, no es desproporcionado afirmar que es poco lo que los facultativos venezolanos con ciudadanía portuguesa han conquistado en los campus universitarios de la península ibérica. La norma, que regula la validación de títulos académicos, aún no provee a los médicos residenciados en Portugal la posibilidad real de retomar su ejercicio profesional, denuncia el gremio. La oferta de eliminar las trabas burocráticas es, desde 2019, una promesa vencida, un ofrecimiento sobre papel que esta vez sí parece concretarse.
El recientemente publicado reglamento 43/2020, que viene a normar las gestiones, establece que toda la documentación relacionada con diplomas, certificados y contenidos programáticos puede ser entregada en español, francés e inglés y no necesariamente traducida al portugués. Según el Decreto original, solo los refugiados estaban exentos de presentar algunos documentos por razones humanitarias. Pero no era el caso de los migrantes provenientes de Venezuela, quienes sí deben enfrentarse a una maraña burocrática para legalizar y apostillar documentos en las instancias oficiales de su país de origen.
Entre otros aspectos, el nuevo marco legislativo deja sin efecto la figura de «equivalencia» e instituye la modalidad de «reconocimiento», un procedimiento con el que las autoridades portuguesas pretenden modernizar el acceso a las habilitaciones académicas y responden, tácitamente, a la demanda de los médicos lusovenezolanos y de otras nacionalidades, algunos de ellos especialistas.
Lo que desde el inicio debió ser terreno abonado para consumar el espíritu «transparente, equitativo y simple» que esboza la norma, devino en una cadena de pretextos de parte de las universidades, que según los afectados, han transformado un proceso académico en un trámite complejo.
Hoy, el decreto 66 que, a decir verdad, data del 16 de agosto de 2018, cobra cierto matiz de discordia. Como si se tratase de un pergamino ininteligible, en lugar de resolver la pugna de poderes entre el Gobierno, las universidades y la Orden de los Médicos, la ley gana detractores: médicos locales que se oponen a que otros médicos conquisten sus puestos. Después de varios meses de su entrada en vigencia, haciendo uso de su autonomía, las universidades promovieron un proyecto de reglamento con el que pretendían poner sus propias reglas de juego y cambiar, entre otras cosas, la dinámica de designación del jurado para la evaluación de cada aspirante.
Pero nada de ello ocurrió y en su lugar fueron paralizadas, súbitamente, algunas peticiones de reconocimiento mientras se reacomodaba el marco jurídico, una cuestión que parece consumarse con el reglamento 43/2020, que tiene el visto bueno de algunas casas de estudio.
A propósito de ello, Sancho Gomes, quien forma parte de la dirección regional de las Comunidades, enfatiza, en un artículo publicado en el Jornal da Madeira, que la nueva «portaria» contempla —en su artículo 13 º-A— la dispensa de documentos a titulares de grados y diplomas emitidos en «Estados que, en virtud de circunstancias específicas afecten el funcionamiento de las instituciones de ese Estado. Lo que, a su juicio, es el caso de Venezuela.
Sin embargo, la lectura de Gomes dista de la apreciación del Gobierno nacional, presidido por el partido Socialista, cuyos dirigentes reconocen la actual institucionalidad de Venezuela y a Nicolás Maduro como máxima autoridad del país. Existen, dice Gomes, dos novedades positivas que se desprenden del reglamento. La posibilidad de eludir la entrega de ciertos documentos, una decisión que depende principalmente de la Dirección General de Enseñanza Superior y no de la interpretación de cada universidad portuguesa.
«Por eso creo que la publicación de este reglamento es una excelente noticia para la comunidad lusovenezolana que reside en la Región porque viene a constituirse como un importante instrumento de integración». El instrumento también elimina, en su artículo 7, los plazos para la gestión, recepción y publicación de los resultados en torno al pedido de reconocimiento. Cuando la petición de reconocimiento de ‘nivel’ o ‘específico’ sea rechazada, por razones consideradas por la academia, y no se confiera el grado o diploma en el área de formación, especialidad o ramo, el solicitante podrá iniciar un nuevo requerimiento en otra institución.
En días pasados, las diputadas del Parlamento Regional de Madeira, las social-demócratas Rubina Leal y Claudia Perestrelo plantearon la necesidad de que se aclaren los criterios para el reconocimiento del grado académico en el caso de aquellos que se formaron fuera del ámbito de la Unión Europea. Incluso esbozaron la posibilidad de que sea una sola Facultad la responsable por definir estos criterios.
Leal razona que los profesionales del área de la salud provenientes de Venezuela deben tener un tratamiento especial porque su condición es prácticamente la de un refugiado. «Ellos no vienen a Portugal, o más específicamente a Madeira, por una opción, vienen prácticamente huyendo por el estado en que se encuentra Venezuela, y llegan aquí por sus raíces lusas. Por lo tanto debe hacerse todo lo posible para que puedan integrarse en esta sociedad y trabajar en su profesión, sobre todo considerando el importante déficit de médicos que tiene la isla». Se trata de un planteamiento compartido por el diputado lusovenezolano Carlos Fernandes, quien se ha sensibilizado con la situación de los médicos lusovenezolanos.
El cirujano y portavoz de la Asociación de Médicos Luso Venezolanos en Madeira, Christian de Abreu – quien asegura librar una batalla burocrática para ejercer en Portugal – espera que el nuevo reglamento resuelva de una vez por todas las dificultades de los médicos lusos formados en Venezuela. «Esperemos que realmente se agilicen los procesos burocráticos. Hay muchos odontólogos, cuyas universidades no exigen tesis de grado para graduarse, que están preocupados. Esperan que Portugal elimine ese requisito para obtener sus reconocimientos académicos», dice. Se espera que el nuevo reglamento dé tratamiento justo y automático como lo reciben los médicos formados dentro de la Unión Europea.
Por su parte, la parlamentaria lusovenezolana de la tolda socialcristiana, Ana Cristina Monteiro, quien además representa los intereses de la comunidad venezolana en la Asamblea Regional de Madeira, ha prometido sensibilizar a su bancada en el Parlamento Nacional para abordar las competencias de los médicos portugueses formados en Venezuela y las dificultades para ejercer en Portugal. De momento, permanecen abiertos todos los frentes y los médicos esperan que la controvertida norma rinda algún resultado a su favor.